Guillermo Coronado Aguilar

El Arbitraje en México: El Reto del Imperium Legal

Una de las grandes desventajas del arbitraje, o tal vez su ventaja. Es que los tribunales arbitrales en México no tienen imperium. El imperium es una palabra en latín que hace referencia al poder que tiene una institución de mandar o de dirigir algo. En el caso del poder judicial el imperium tiene que ver con el poder que tiene un juez de solicitar el apoyo de la fuerza pública para que una sentencia suya sea llevada a cabo.

Los jueces, al dictar sus sentencias, interpretan y aplican leyes, las cuales pueden crear precedentes. Estas sentencias son la manifestación del poder que tienen los jueces y por el cual se afecta la esfera privada de una persona. Dicha afectación puede ser en cuanto a la libertad o el patrimonio de las personas.

Una vez que existe una sentencia y ha concluido el plazo para su cumplimiento voluntario, la parte beneficiada de la sentencia puede solicitar la ejecución forzosa ante el juez que dictó la sentencia. Una vez hecho lo anterior, el juez ordenará que se lleven a cabo todos los actos que sean necesarios para que puedan materializar la sentencia. Dicha sentencia típicamente conlleva el pago de una indemnización, la restitución de algún bien o el cumplimiento de obligaciones de hacer o no hacer. Una manera de ejecutar las sentencias es por medio de un embargo.

El arbitraje comercial en México conlleva un proceso que es conocido como latin exequatur. Es decir, los tribunales arbitrales en México carecen del imperium para ordenar que un laudo arbitral se ejecute. Por tanto, se lleva a cabo un procedimiento conocido como de exequatur que conlleva el reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral. Dicho reconocimiento y ejecución del laudo arbitral implican que el laudo arbitral tenga que ser llevado ante un juez para que sea el propio juez el que reconozca tal laudo como válido bajo el sistema jurídico mexicano, y que la decisión del tribunal arbitral es válida, y que por tanto deba ser ejecutada.

Este punto a su vez conlleva su respectivo litigio entre las partes, ya que se pueden establecer ciertas defensas en contra del laudo arbitral. Pues bueno, la jurisdicción en Colombia dio un paso interesante en cuanto al arbitraje comercial y el poder de ejecución en su Ley 2540 del 2025.

Dicha Ley tiene por objeto la regulación del arbitraje comercial para títulos ejecutivos. Según dicha ley, se puede celebrar un pacto arbitral sobre títulos ejecutivos y las controversias que deriven de ellos. Lo interesante es que el pacto o acuerdo arbitral solo podrá ser pactado en un documento anexo al título ejecutivo o en un documento separado del título ejecutivo.

Además, establece dos modalidades. La primera modalidad es el pacto arbitral cerrado; dicho pacto arbitral cerrado hace referencia a un solo título ejecutivo. Mientras tanto, un pacto arbitral abierto incluye varios títulos ejecutivos, ya sean presentes o futuros, que se derivan de una o varias relaciones contractuales.

Tal acuerdo conlleva la aceptación tácita del nombramiento de árbitros ejecutores, el nombramiento de un árbitro de medidas cautelares, y además y por obvias razones conlleva de manera natural la aceptación del pacto arbitral.

El punto interesante en esta entrada son los árbitros ejecutores. Para poder tener árbitros ejecutores, los centros de árbitraje en Colombia deben de tener en sus reglamentos las reglas procedimentales para el arbitraje ejecutivo, así como para las medidas cautelares, en donde se deben de respetar las garantías fundamentales de debido proceso.

Una vez concluido el proceso de arbitraje ejecutivo, se llevará ante el mismo tribunal arbitral la ejecución de dicho laudo. Las etapas del arbitraje ejecutivo conllevan el embargo o secuestro, así como el avalúo de bienes y el remate de los mismos, lo cual deberá llevarse a cabo bajo el Código General del Proceso.

A su vez, según la ley de 2540, los laudos arbitrales nacionales podrán también ser ejecutados por el mismo tribunal arbitral que dictó la sentencia. La única condición es que se solicite al mismo tribunal arbitral la ejecución del laudo dentro de los diez días siguientes a la notificación del laudo. Cabe aclarar que esto solamente es aplicado a arbitrajes nacionales. El proceso de exequatur se realiza dentro del tribunal arbitral para arbitrajes nacionales. Mientras que el proceso de exequatur para arbitrajes y laudos internacionales se regirá de manera normal bajo el Código General del Proceso.

Es interesante la legislación colombiana sobre el poder de ejecución que se les da a los árbitros, no solamente para arbitrajes ejecutivos, sino también para arbitrajes nacionales; los árbitros al parecer tienen imperium en Colombia. Será interesante poder pensar que esto pueda llevarse a cabo en otras legislaciones como la mexicana. Por lo pronto es una ley muy novedosa, estará por verse las ventajas de esta legislación en la práctica arbitral. Lo que es un hecho es que dicha ley fue adoptada en Colombia y una de las justificaciones de dicha ley es para la descongestión del sistema judicial.

En México tal vez no será por la cuestión de la descongestión del sistema judicial, tal vez, una de las razones para implementar dicha ley es debida a la falta de confianza en el poder judicial.

Guillermo Coronado Aguilar

Are Arbitration Agreements Mandatory? Key Insights

People unfamiliar with arbitration agreements often wonder if these agreements are mandatory—in other words, if they create any binding obligations.

Generally, arbitration clauses or agreements are indeed mandatory. They create a positive obligation to resolve potential disputes through arbitration and a negative obligation to avoid resolving disputes through national courts.

However, the mandatory nature of these agreements depends on several factors. First, the arbitration agreement must be validly concluded, and the dispute must be arbitrable under national laws. Additionally, the agreement should clearly express the parties’ intent to resolve disputes through arbitration. This may sound like a tautology, but it’s not—the arbitration clause must unambiguously state the parties’ agreement to use arbitration for dispute resolution.

Moreover, arbitration agreements shouldn’t be unconscionable, obtained through fraud or duress, or violate public policy.

While arbitration agreements are often enforceable, their mandatory nature can be challenged. The specifics depend on the jurisdiction, the nature of the dispute, and the circumstances under which the agreement was made. It’s advisable to consult with a legal professional for guidance on specific situations involving arbitration agreements.

Guillermo Coronado Aguilar

Impact of Mexico’s Judicial Reform on Foreign Investment

The recent overhaul of Mexico’s Federal Judicial System has sparked debates about its potential impact on foreign investment in the country. This reform, initiated by President Andrés Manuel López Obrador’s administration, aims to address corruption and inefficiency within the judicial branch. However, it has also raised concerns among international investors and business communities.

Key aspects of the reform include:

  • Restructuring of the Federal Judiciary Council
  • Changes in the appointment process for judges
  • Implementation of new anti-corruption measures
  • Modifications to the judicial career system

While these changes are intended to strengthen the rule of law in Mexico—at least according to the ruling party, former President López Obrador, and current President Claudia Sheinbaum—some critics argue that they may inadvertently create uncertainty for foreign investors. The reform’s impact on contract enforcement, dispute resolution, and overall legal stability are particularly important considerations for international businesses operating in or considering entry into the Mexican market.

As the implementation of this judicial overhaul progresses, it will be crucial to monitor its effects on four main aspects:

  • Foreign direct investment (FDI) flows: The amount of money entering Mexico serves as a measure of foreign investors’ trust.
  • Investor confidence in the Mexican legal system: While difficult to measure, the World Justice Project provides some indication by assessing the rule of law in each country. However, its methodology might be contested due to its subjective nature.
  • International trade agreements and partnerships: This element is crucial, as Mexico has a wide web of trade agreements with various blocks. Two notable examples are the USMCA, which will be subject to revision, and the Europe-Mexico Trade Agreement.
  • The overall business climate in Mexico: This can be measured by various indexes, such as Moody’s.

Understanding the nuances of this reform and its potential consequences is essential for both policymakers and investors as they navigate Mexico’s evolving legal and economic landscape.

Currently, there’s no clear understanding of how the judicial system overhaul will impact Mexico’s overall economic climate. Some preventive steps include implementing commercial arbitration agreements, not only for international transactions but also for national ones, regardless of whether they have an international component.

Even with the federal judicial system overhaul, it appears that laws guaranteeing the protection of foreign investment in Mexico will remain untouched. Mexico will continue to be a party to ICSID (the International Centre for Settlement of Investment Disputes), along with numerous Bilateral Investment Treaties (BITs) signed with countries worldwide, including the European and North American blocks, as well as other highly industrialized countries like China.

This means that despite changes in Mexico’s federal judicial system, foreign investors will still be protected—not only against changes in laws but also against government actions, whether from the legislative, executive, or even judicial branches.

In a future post, we’ll review how FDI is protected against judicial decisions—a situation that has already occurred due to alleged acts of corruption and profound disregard for the rule of law.

Guillermo Coronado Aguilar

Exploring the Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot

The Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, often simply referred to as the “Vis Moot,” is a prestigious annual competition that brings together law students from around the world. Named after Willem Cornelis Vis, a renowned expert in international commercial transactions and dispute resolution, this moot court competition simulates a real-life international commercial arbitration case with substance and procedure issues.

To recall, international commercial arbitration is a method of resolving disputes between businesses from different countries without resorting to national court systems. It offers a neutral, flexible, and confidential process for settling international business conflicts. The Vis Moot provides students with practical experience in this field, allowing them to argue complex legal issues before arbitral tribunals composed of seasoned arbitrators from across the world.

In the academic world, the Vis Moot serves as a unique platform for learning and networking. It challenges students to develop their research, writing, and oral advocacy skills while working on a complex problem involving international sales law and arbitration rules. The competition fosters a deep understanding of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) and various institutional arbitration rules; this year’s rules are the Arbitration Rules of the Finland Chamber of Commerce.

Moreover, the Vis Moot creates a global community of future legal professionals. It brings together students, academics, and practitioners from diverse legal backgrounds, promoting cross-cultural understanding and professional relationships that often last well beyond the competition itself. This international exposure is invaluable for students aspiring to careers in international law and arbitration.

The phrase “after the Moot is always the Moot” reflects the cyclical nature of the competition and its enduring impact on participants. As one year’s competition concludes, preparations for the next begin, with students and coaches eagerly anticipating the challenges and opportunities that lie ahead in the world of international commercial arbitration.

Jump into this wonderful experience, either in Vienna or Hong Kong, and all the pre-moots taking place across the world.

If you want to look into this 32nd years’ problem click here.